Legislación y jurisdicción funeraria en España (2ª Edición)

INFORMACION GENERAL DEL CURSO

**Se trata de un curso de Normativa funeraria en España. Aspectos relevantes**

PRESENTACIÓN

La legislación funeraria, en este momento, se puede describir desde las competencias entre el Estado que no ha realizado una legislación que sustituya al texto, ya superado por el tiempo, del Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974, que si bien es cierto que en anteriores legislaturas se intentó su modificación, en concreto, en junio de 2011 el Consejo de Ministros del Gobierno Zapatero aprobó un Proyecto de Ley de servicios funerarios que decayó en septiembre del mismo año con la disolución de las Cortes. Este proyecto de ley actualizaba y modernizaba la normativa sobre el sector, eliminando cargas administrativas en el acceso y ejercicio de la actividad. La idea de garantizar el libre acceso y ejercicio de la prestación de servicios funerarios mediante el favorecimiento de la competencia en el libre mercado desde la libertad de elección del prestador por parte de los usuarios se quedó en nada al no aprobarse esta reforma legal.

Sin embargo, el sector funerario en España ha tenido un desarrollo notable, con proyección internacional y con la aprobación de diversa normativa que ha venido a modificar esa anticuada legislación. Nos referimos, entre otros al Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, dio inicio a una nueva etapa en la actividad de las empresas funerarias en España con la introducción de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, lo que afectó de manera directa al sector. Hasta 1996, la regulación imperante reservaba los servicios funerarios a las entidades locales, creando un régimen de monopolio. Si bien, esta apertura no ha eliminado la potestad de los ayuntamientos para someter a autorización la prestación de estos servicios.

Varios años después, la conocida Ley 24/2005, de 18 de noviembre, también afectó al sector funerario. Entre sus principales medidas, destaca la profundización de la liberalización de los servicios funerarios, dotando de habilitación para operar en todo el territorio nacional a las empresas autorizadas por cualquier Ayuntamiento. Esta autorización alcanza toda actividad asociada a sus funciones principales consistente en el traslado de cadáveres. También dispuso que los requisitos para obtener la autorización debían establecerse de acuerdo con los criterios mínimos que, en su caso, fijaran el Estado y las comunidades autónomas o los ayuntamientos.

Posteriormente, la trasposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior dio lugar a la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, que, también, afectaba a los servicios funerarios. Entre otras disposiciones, declaraba la eficacia de las autorizaciones en todo el territorio nacional. Asimismo, en este marco de transposición de la Directiva de Servicios también se aprobó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las actividades de servicios.

Más allá de la legislación nacional, el sector se halla en un laberinto de diferentes regulaciones autonómicas y municipales. Algunas Comunidades Autónomas disponen de su propia legislación, al igual que muchos ayuntamientos también poseen su propia normativa.

Igualmente, existe una normativa en este ámbito propia de derecho privado y de derecho procesal que es necesario conocer y manejar como la ley del contrato de seguros, los formalismos propios de la tramitación de las herencias de los causantes, los derechos de los consumidores y usuarios, etc…

Esta situación se traduce en la urgente necesidad de proceder a formar, en el contexto universitario a las personas que trabajan en estas empresas, pero también complementar la formación de los licenciados/graduados en Derecho con los conocimientos, destrezas y herramientas necesarias para el asesoramiento de las empresas del sector.

La Norma Europea EN 15017:2019, Norma UNE -EN 15017 2020, versión oficial en español, establece que las empresas del sector deben contar con personal formado en lo que denomina “legislación y jurisdicción” regulando una formación mínima en la materia de 16 horas para cargos directivos y con una formación de 8 horas para el personal funerario.

OBJETIVO

Se oferta una formación de calidad mediante el Curso de corta duración de la Universidad Autónoma de Madrid denominado “LEGISLACIÓN Y JURISDICCION FUNERARIA EN ESPAÑA Normativa funeraria en España. Aspectos relevantes, 1ª Edición”, de cara a la formación de las personas que, bien desde la dirección, o bien, como personal funerario trabajan en estas entidades, así como para licenciados/graduados en Derecho que quieran completar su formación.

Los participantes en el curso conocerán y dominarán la legislación y la jurisdicción que rige esta materia, y que está ajustada a la formación obligatoria UNE NE 15017 (Nov 2020)

 

Instrucciones de matriculación